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“Que les Exigan Carta de no Antecedentes Penales”

Por Sara Álvarez Fernández

Rueda de prensa de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)

Rueda de prensa de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)

La Fiscalía del Estado tiene entre sus agentes de Ministerio Público a hombres con antecedentes de golpear a sus parejas y acosar sexualmente a las mujeres, con denuncias penales que no se toman en cuenta en el momento que se les contrata, denunció Mabel Haro Peralta, presidenta de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género; quien omitió dar nombres de funcionarios “para no entorpecer las denuncias que hay en su contra”.

“Muchas veces los agresores son los propios Ministerios Públicos, quienes tienen (agentes con) antecedentes de violencia; y así los contratan, sin pedir carta de no antecedentes penales.

Encima le preguntan a la mujer qué fue lo que hizo para que el hombre la golpeara, le cuestionan que de qué le va a servir denunciar y la asustan con las supuestas consecuencias que tendría en su familia la denuncia”.

Además hay casos en los que los funcionarios no quieren tomar la denuncia porque las mujeres “no están lo suficientemente violentadas”, es decir, gravemente golpeadas; “cuando en el Código Penal de Aguascalientes tipifica la violencia psicológica, que deja todavía más huellas que un golpe físico”.

Ofreció un dato alarmante: de 10 denuncias que la asociación acompañó en un mes, en cuatro casos las mujeres desistieron porque los encargados de los Ministerios Públicos les negaron órdenes de protección, las revictimizan o las trataron con violencia.

También denunció que en el Centro de Justicia para Mujeres no hay un acuerdo entre los Ministerios Públicos de cómo se deben otorgar las medidas de protección y pareciera que se dan a discrecionalidad, además de que se cuestiona la situación sentimental de la mujer, pues las órdenes de restricción se otorgan más bien a quien tiene una relación formal con el agresor y se soslaya si la relación es de otra índole, pese a que “la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (dice que) quien sea el agresor se debe actuar con todo el peso de la ley”.

Sin dar nombres, Haro Peralta lamentó que todavía hay funcionarios públicos de Aguascalientes con antecedentes de violencia intrafamiliar y aún así se les abren las puertas para trabajar en el servicio público, “generando más intimidación y violencia.

Si un funcionario es acusado de acoso sexual contra una compañera o subordinada simplemente se le cambia de área, cuando se debe despedir y seguir un proceso legal”.