La propuesta, presentada por los diputados Bárbara Botello Santibáñez y Jorge Carlos Ramírez Marín, señala que el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez no ha transparentado la forma en cómo se adquirieron los terrenos privados y ejidales donados a la empresa japonesa Toyot
Enero 17, Ciudad de México.- El PRI pidió conformar una comisión especial para que se investigue el proceso de compra-venta de terrenos en Apaseo el Grande, Guanajuato, para después ser donados a la empresa Toyota.
La propuesta, presentada por los diputados Bárbara Botello Santibáñez y Jorge Carlos Ramírez Marín, señala que el Gobierno estatal no ha transparentado la forma en cómo se adquirieron los terrenos privados y ejidales.
“Al no existir claridad e información pública y transparente al respecto por parte del Gobierno estatal, es necesario crear una comisión especial para que indague y aclare las supuestas irregularidades en este proceso de compraventa, que ha culminado en una donación de 600 hectáreas”, cita la propuesta presentada en la sesión de la Comisión Permanente.
Existe una acusación de que las 600 hectáreas en las que se está instalando la empresa Toyota fueron donadas por la administración estatal, luego de una compra a ejidatarios por debajo de su precio y por medio de presiones.
Se indica que en el pasado periodo de sesiones de la Comisión Permanente, se solicitó al Gobierno del estado de Guanajuato que entregara un informe para deslindar las irregularidades en la adquisición y enajenación de dichos predios de propiedad privada y ejidal, a fin de esclarecer las especulaciones y cuestionamientos a los procedimientos realizados.
“Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido ninguna información”, se menciona.
La propuesta resalta que los ejidatarios de la comunidad de Caleras de Ameche han denunciado que el Gobierno estatal compró a sobreprecio terrenos adquiridos previamente por la empresa JAOS & SGB, de Grupo Gurza de Monterrey.
Dicha empresa es propiedad José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes, ambos ex servidores públicos de la que fue la Secretaría de la Reforma Agraria, se menciona.
De acuerdo a los antecedentes existentes, en 2014 JAOS & SGB compró 260 hectáreas a los ejidatarios, pagando 300 mil pesos por cada hectárea, pero luego las revendió a la administración estatal en 2015 arriba de un millón 700 mil pesos por hectárea.
“El problema de fondo es que desde el Congreso del estado de Guanajuato se ha denunciado opacidad, tráfico de influencias y manejo de información confidencial para que la empresa JAOS & SGB comprara en 2014 los terrenos a los ejidatarios, la cual fue constituida el 13 de junio de 2014 y en octubre de 2015 ya estaba vendiendo 260 hectáreas al Gobierno estatal”, argumentan los priístas en su propuesta.
Se agrega que uno de los problemas que enfrenta el estado de Guanajuato es la falta de regulación que inhiba la especulación de los precios de predios, terrenos, suelo y construcciones, y en general en los inmuebles que son susceptibles de contribución del impuesto predial. (Con información de agencias)