“Se Debe Quitar al Gobernador esa Facultad”
Por Cristina Zareth Hernández Gutiérrez
Leobardo Contreras Moreno, presidente honorario de la Barra de Abogados de Aguascalientes AC
La entrega de concesiones de taxi y Fiats Notariales denota actos de corrupción que deben erradicarse, subrayó el presidente honorario de la Barra de Abogados de Aguascalientes AC, Leobardo Contreras Moreno, quien se pronunció porque exista una reforma a la legislación a partir de la cual se le retire la facultad al Ejecutivo Estatal de expedir este tipo de licencias o patentes de manera indiscriminada.
Ante el descontento que existe tanto del gremio taxista como de litigantes aspirantes a un Fiat Notarial, el abogado lamentó que persista la mala práctica de entregar durante cada fin de sexenio este tipo de permisos como “pago de favores o premios” a personas que no cumplen con los requisitos.
Esa práctica, dijo, “debe erradicarse, ya que demuestra un acto de corrupción en el momento en que se les da a personas que no cumplen con lo que establece la normatividad.
La persona que autoriza debería revisar a quién se les da, y no otorgar concesiones o Fiats por designación, por favoritismo o como un premio, sino con base a las necesidades y a una ética de asignación conforme a quien lo merece”.
Indicó a Página 24 que en el caso de las concesiones de taxi es muy fácil identificar la entrega o adquisición irregular contrastando el padrón de concesionarios con el padrón de choferes registrados ante la Dirección de Transporte Público, siendo éste uno de los requisitos que violentan gran parte de los que se han visto beneficiados al final de cada sexenio; “estos permisos no se deben entregar a diputados, a exdiputados, a exfuncionarios o a colaboradores como un premio o un regalo, porque estos son actos de corrupción y la corrupción viene de dos personas, tanto de la persona que atorga como aquella que recibe una licencia cuando sabe que no tiene derecho”, enfatizó.
Señaló que lo mismo sucede con las patentes notariales, ante lo cual manifestó que es necesario hacer una revisión a las otorgadas por la pasada administración, ya que existe una clara transgresión a la norma cuando se expiden a personas que no cumplen con los requerimientos pero además, que no cuentan con la preparación.
“Se supone que se deben de otorgar a las personas que cumplan determinados requisitos, incluso, se supone que deben tener estudios de notariado, ¿cuándo las personas realizaron esos estudios?, es claro que no por que sean licenciados en Derecho significa que conocen de derecho notariado, ser abogado no significa que estén preparados para ejercer ese cargo”, resaltó.
Afirmó que los afectados, en este caso los aspirantes al Fiat Notarial, “tienen derecho a promover un juicio para que sean revocadas esas concesiones”, no obstante agregó que más allá de los implicados, la sociedad debe promover también la reovación de todo tipo de licencias que se dan de manera arbitraria para ser garantes del Estado de derecho.
Contreras Moreno propuso también al Poder Legislativo del Estado, con el ánimo de evitar más corrupción y un ejercicio más democrático y transparente, impulse una iniciativa mediante la cual se retire la facultad al Ejecutivo Estatal de expedir permisos o patentes de manera indiscriminada, y promover que dicha autorización recaiga en comités ciudadanos o en consejos interinstitucionales donde sea los habitantes, representantes de sector y colegios de profesionistas, por citar algunos, quienes tomen las decisiones con base a esquemas abiertos y responsables.
“Debe haber una iniciativa por parte de alguno de los diputados en donde se modificara la parte de la Constitución que da facultad de disponer al respecto en forma indiscriminada al gobernador, para que se hiciera una modificación y que la determinación y asignación pase a ser por parte de un comité, así como a través de un esquema en el que se establezcan convocatorias, exámenes de oposición, por ejemplo, y se registre un padrón en estricto orden según los requisitos y antigüedad de solicitud para que sea transparente, y que no, en un momento dado, se otorguen a personas que no tienen conocimiento, ni derecho o sólo para enriquecimiento de funcionarios o exfuncionarios”, dijo.
El presidente honorario de la Barra de Abogados del estado afirmó que conforme a las últimas asignaciones que hizo el exgobernador Carlos Lozano de la Torre previo a concluir su gestión, y advirtiéndolo desde la perspectiva de la legalidad, sí pudieran deslindarse responsabilidades al no haber una acción congruente a lo que establecen las normas, en este caso, “una responsabilidad coparticipe” por quien otorga y quien recibe sin merecerlo.
“Cuando los funcionarios toman el cargo protestan hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen y si no, que se los demanda de la sociedad.
La protesta va más allá de un acto simbólico, de un acto protocolario, más bien es un compromiso no sólo socialmente ni políticamente sino legalmente, y bajo esa situación se tendría derecho a decir: ‘no cumpliste y debes de tener alguna sanción legal’”.
Finalmente, el jurista recalcó que “la gente está cansada de los actos de corrupción”, por lo que “no pude haber borrón y cuenta nueva al termino de cada funcionario”, sino por el contrario, se debe responder derivado del compromiso que se adquiere al protestar cumplir la ley.
“La regla general es que todos los funcionarios salgan limpios porque así debe de ser y que por excepción exista corrupción, pero ahora resulta que la corrupción está siendo una regla por donde quiera que les escarbes, sólo falta escarbar un poquito en cualquier área para decepcionarnos más del sistema que tenemos donde no se cumple con un Estado de derecho que significa el cumplimiento de la norma, de la ética, de las obligaciones como funcionarios”, concluyó.