Por Sara Álvarez Fernández
A la delegación de la Consusef no llegó el caso del supuesto fraude a decenas de cuentahabientes del Banco del Bajío en Aguascalientes, como se manejó en redes sociales, aclaró Ignacio Villanueva Chávez, titular de la dependencia, quien comentó que el único asunto de la misma índole fue el de trabajadores del INEGI y otras dependencias gubernamentales a quienes les vaciaron sus cuentas bancarias de Banamex a mediados del año.
“Fue una situación que el propio banco detectó y fue consciente de esa vandalización de algunos cajeros, de donde los delincuentes retiraron el total de las cuentas de nómina, aquí con nosotros llegaron unos 20 casos, pero fueron cientos”.
En entrevista para Página 24 el funcionario comentó que las víctimas del fraude no llegaron en estampida a la Condusef porque dentro de las propias sucursales de Banamex se instalaron módulos únicamente para atender a estas personas, a quienes se les resolvió en menos de 48 horas para recuperar 100 por ciento del dinero retirado.
“Pero los personas no sólo deben conformarse con recuperar su dinero, sino también hacer la denuncia ante el Ministerio Público, sobre todo si sufrieron robo de identidad, de hecho las mismas instituciones bancarias ponen como requisito la denuncia para responder por el fraude”.
Refirió que desafortunadamente cada vez son más frecuentes en el país los casos de cajeros vandalizados, pero ahora no es mediante el robo físico, sino electrónico por varios métodos, como conseguir los NIPS de los cuentahabientes o colocar aparatos en los cajeros para clonar las tarjetas.
“Las mismas instituciones financieras establecen más medidas de seguridad conjuntamente con la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda y otras dependencias, todo para darles mayor seguridad a los usuarios”, subrayó Villanueva Chávez.
Cabe señalar que en caso de clonación, robo, extravío, fraude por Internet y compras sin firma, el banco está en posibilidad de revertir el abono que se hizo, realizando un nuevo cargo en la cuenta incluyendo los intereses ordinarios si se demuestra que el cliente no autorizó la compra o la operación.