No Está en Peligro la Permanencia de sus Trabajadores: Ponce
Por Sara Álvarez Fernández
Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)
Se requieren 60 millones de pesos para crear la infraestructura necesaria que suplirá la Junta Local y Federal de Conciliación y Arbitraje, que está próxima a desaparecer; así lo señaló Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Subrayó que aún no se les asigna este presupuesto, por lo que serán necesarias las gestiones con el Ejecutivo Federal y Estatal, así como el Congreso local para crear los Tribunales Laborales en Aguascalientes, aunque se aprovecharía la infraestructura y equipamiento con el que ya se cuenta.
Sin embargo será necesario construir un edificio con características especiales para el nuevo sistema laboral, además de lo que se requiere en la parte operativa, informática y equipo de cómputo, entre otros.
Y sobre quienes laboran en las Juntas de Conciliación, el funcionario aseguró que no están en peligro de perder su trabajo, sin embargo sólo se podrán respetar los derechos laborales de quienes cuentan con base, y no los que prestan servicios a través de honorarios.
“Todo el personal de carrera entrará a través de concursos de oposición; indudablemente el personal de base debe respetarse, así sea un mecanógrafo tiene que respetarse su trabajo, independientemente de que haya un cambio del Ejecutivo al Poder Judicial”.
Además los jueces laborales participarán en un concurso abierto para que demuestren que tiene la capacidad, porque una vez que ingresen a los tribunales laborales debe recibir el mismo trato que un juez local, por lo que serán seleccionados escrupulosamente y manejados por los consejos de las Judicaturas.
El Senado de la República avaló la reforma en materia de Justicia Laboral que establece la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para sustituirlas por tribunales laborales del Poder Judicial, que se encargarán de resolver las diferencias entre patrones y trabajadores, pero primero se tendrá que reformar la Ley Federal del Trabajo y el estatuto jurídico del estado.