Exigen que les Pague Gastos de Matrimonio
Por Sara Álvarez Fernández
Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la CEDHA
Tres parejas homosexuales preparan demandas penales contra el Gobierno del Estado por “daños y perjuicios”, luego de que se les negara en Aguascalientes el trámite del matrimonio, por lo que tuvieron que acceder a este contrato en otros estados, y ahora exigen que Gobierno Estatal los indemnice por todos los gastos que erogaron al negarles este derecho en su lugar de origen.
Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA) refirió que estas tres parejas –que ahora son matrimonios– acudieron al organismo que él preside para ser asesorados, por lo que se les dio a conocer esta opción.
“La autoridad tendría que devolverles los gastos que les ocasionó tener que trasladarse a otros estados para contraer matrimonio; lo que gastaron en los camiones, el hospedaje, comidas y pago de abogados, pero también lo que dejaron de percibir los días que perdieron al no poder hacer este trámite en el estado.
“Daño es lo que se saca de la bolsa y perjuicio es lo que impide que llegue a la bolsa, por ejemplo, si tuvieron que faltar al trabajo una semana para ir promover un juicio o un matrimonio. Ojalá que se dicte a su favor, porque sería un precedente muy interesante; en Aguascalientes están pasando cosas interesantes en materia de derechos humanos, ya se nos toma en cuenta a nivel internacional”.
Según la Ley de Responsabiliidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los funcionarios de cualquier nivel están obligados a cumplir los tratados internacionales y disposiciones constitucionales que protejan “el mejor derecho” de los ciudadanos.
Ante el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite este tipo de uniones, los funcionarios están obligados a no impedirles contraer matrimonio a los homosexuales, por considerar discriminación hacerlo y el Estado está obligado a reparar el daño y perjuicio en su contra al impedir el acceso a este derecho.
“Desde nuestro punto de vista el Congreso del Estado incurre en responsabilidad porque no es problema de concensos o de oportunidad política, sino de legalidad, lo que ya se resolvió, sin crear una figura específica para el matrimonio entre homosexuales”, subrayó Martín Jáuregui.