La Descarada Protección que les ha Brindado la Fiscalía así lo Exige
Por Alfonso Morales Castorena
La combinación del retraso en la impartición de justicia a nivel estatal, con el considerando que la tortura física, psicológica o moral está catalogada como delito federal, más la nula respuesta de las autoridades ministeriales locales a las exigencias de la víctima para que sus victimarios sean objeto del ejercicio de la acción penal, como aquella lo indica en su respectiva denuncia de hechos, obliga a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA) a llevar el caso a la Procuraduría General de la República (PGR), para que siete policías preventivos de Seguridad Pública Municipal de Calvillo sean sometidos a juicio bajo cargos de abuso de autoridad, tortura física, lesiones, robo, injurias y amenazas.
Entre los acusados figura el director de la corporación, Carlos Alberto Adalid Castañeda, un comandante y cinco policías preventivos, que la madrugada del sábado 3 de septiembre de este año, escudados en sendas capuchas negras “levantaron” al pepenador José Antonio Arámbula de 35 años de edad, de las inmediaciones de su domicilio, sita en la calle Jalisco 109, en el fraccionamiento Popular, al sorprenderlo a deshoras de la noche entregado a sus labores de recolector de artículos, objetos y cosas susceptibles de reciclar, hurgando entre los contenedores cercanos.
Los enmascarados preventivos, de acuerdo a la versión ministerial asentada en la denuncia de hechos del pepenador, en lugar de trasladarlo a los separos policiacos, esposado a la estructura de la camionetapatrulla en la que lo aseguraron, iniciaron camino rumbo a la cercana municipalidad zacatecana de Tabasco “para ejecutarlo y desaparecer su cadáver en cualquier camino de brecha, porque era una lacra y una amenaza para la sociedad”, según la amenaza que le endilgaron, ante la complacencia de su superior inmediato, el comandante de la Policía Estatal habilitado como director de Seguridad Pública de Calvillo, Carlos Alberto Adalid Castañeda.
Sin embargo, por cuestiones que no alcanzó a explicarse, los encapuchados uniformados cambiaron de opinión, corrigieron el camino y se dirigieron a la sede policiaca, donde apenas el llegar al área de estacionamiento, en la parte posterior del inmueble, esposado como se encontraba de las manos, lo lanzaron al suelo desde lo alto de la batea de la camioneta-patrulla de donde dos de ellos lo alzaron en vilo por las axilas, un tercero lo desnudó de la cintura a los pies y “otro más lo golpeó en los glúteos con una tabla, a tal grado que le provocó lesiones que estuvieron a punto de sangrar”, sin que mediara motivo alguno para “ser sometido a esa sádica tortura policiaca”.
En cuanto recuperó su libertad y su estado de salud, exigió el ejercicio de la acción penal en contra de cinco encapuchados uniformados, del director de la corporación y del suboficial preventivo, Alonso de la Cruz, “su amigo de la infancia”, otro más de sus verdugos que atestiguó la bestial golpiza que sufrió y que nada hizo por evitarla, pero que tampoco tomó parte activa en esa desalmada agresión, según lo asentara Arámbula en su denuncia de hechos.
Pero al intervenir la Fiscalía Estatal en el asunto, en clara protección al mando policiaco y a cuatro de sus subordinados, desechó la versión del pepenador y dio entrada a la de dos uniformados a quienes “se iba a consignar por haber incurrido en el delito de abuso de autoridad”, lo que daría paso a la inconformidad de la CEDHA al momento de tomar cartas en el asunto.
Aparte de que la familia del recolector de desperdicios industriales y él mismo, como lo señalara ayer en la tarde, a partir de que exigió el ejercicio de la acción penal en contra de los sádicos enmascarados preventivos, los policías los continúan intimidando y amenazando de muerte “si persisten en que sean sometidos a proceso penal”, les “montan guardia en las cercanías de sus domicilios a bordo de vehículos particulares y vestidos de civil” y prácticamente “tienen sitiada su casa las 24 horas del día”, sin que el corrupto presidente municipal, Francisco Javier Luévano Núñez, ni autoridad alguna “se conduela de su situación y llame a cuentas a los desalmados jenízaros”.
Ante esa situación de riesgo que el desempleado y su familia enfrentan, como lo citó el defensor estatal de los Derechos Humanos, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, se denunció el asunto a la Procuraduría General de la República (PGR) y se espera que en el transcurso de las siguientes 72 horas “los siete elementos policiacos sean detenidos y consignados ante un juez federal, para los efectos de ley respectivos”, lo que le daría un aire de respiro a la víctima del sadismo y maldad policiaca, concluyó.