Derechos Humanos ya Presentó Demanda Penal Contra los Implicados
Por Sara Álvarez Fernández
Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la CEDHA
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA) determina que sí se trata de tortura el caso de un detenido en Calvillo a quien los policías municipales le dieron varias “nalgadas” con una tabla, lo que le provocó graves heridas en los glúteos.
Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la CEDHA, refirió que comenzaron una queja de oficio –aunque el afectado aún no se presenta– además de una demanda penal por tortura contra los implicados. Inicialmente son siete los señalados.
El pasado sábado en la noche policias municipales de Calvillo detuvieron a José Manuel Arámbula, alias “El Meño”, conocido distribuidor de drogas entre la población, a quien lo golpearon en las nalgas con una tabla de madera, por lo que su familia subió fotos de las heridas en redes sociales, denunciando el maltrato.
Incluso el detenido acusa a los uniformados de amenazas de muerte, pues asegura que le advirtieron que lo trasladarían y matarían en Tabasco, Zacatecas.
El ombusman subrayó que la tortura no sólo se aplica cuando se quiere conseguir una confesión, “sino también cuando se tiene la intención de disminuir el ánimo, su psique, afectar psicológicamente a la persona, ponerlo en situación de vulnerabilidad.
A lo mejor estas nalgadas no tienen una consecuencia en la salud física, tal vez las heridas no tarden más de 15 días en sanar, pero el lugar del cuerpo en el que lo golpean es una acto de tortura con la intención de disminuir su ánimo”.
Y sobre las declaraciones del secretario de Seguridad Pública Estatal, Eduardo Bahena Pineda, quien refirió que el lesionado es un delincuente reincidente, el ombusman respondió: “Qué delicado que se justifique una actitud de violencia porque la persona haya incurrido en una falta, sobre todo cuando no se trata de una respuesta de violencia ante la violencia que se está recibiendo, en cuyo caso se regula; pero aquí se está haciendo para ponerlo en una situación de ridículo, de inferioridad, como escarmiento público, eso es intolerable e injustificable bajo cualquier concepto. Más vale que la Policía entienda que tiene que cambiar de actitud”.
Martín Jaúregui adelantó que además de una sanción administrativa contra los implicados, deberán ser juzgados por cometer un delito federal, por lo que espera que se aplique la justicia contra los uniformados.