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“Jerarcas Católicos Están Excediendo Límites de Respeto al Estado Laico”

Por Cristina Zareth Hernández Gutiérrez

Manuel Gutiérrez Flores, vicecoordinador de la asociación civil Colectivo SerGay de Aguascalientes

Manuel Gutiérrez Flores, vicecoordinador de la asociación civil Colectivo SerGay de Aguascalientes

La comunidad LGBTTTI demanda el reconocimiento del matrimonio igualitario por parte del Estado, no de la Iglesia, enfatizó Manuel Gutiérrez Flores, vicecoordinador de la asociación civil Colectivo SerGay de Aguascalientes, quien consideró que los jerarcas católicos “están excediendo los límites” al opinar sobre un tema que no compete al Clero sino al Estado.

“Creo que esta situación que está pasando con el obispado y los jerarcas católicos ya está excediendo los límites del respeto a la laicidad del Estado y el respeto también de los funcionarios y funcionarias públicas a la laicidad del Estado”.

Indicó que la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual no está pidiendo el permiso de la Iglesia para poder contraer matrimonio en materia civil, por lo que, si bien, dijo, los jerarcas pueden discernir al respecto como Iglesia, no deberían invitar al Estado a acatar sus estatutos ni fomentar entre la sociedad en general la no tolerancia hacia la diversidad sexual.

“Yo entiendo que la Iglesia diga: ‘Nosotros, la Iglesia, no vamos a tener matrimonios católicos homosexuales’, está bien, cada quien decide en su organización o club privado qué reglas pone, el problema es que quieran generar estos mismos estatutos o estados de indefensión de los derechos para todas y todos los mexicanos en un Estado que se debe mantener laico, legal y con un Estado de derecho en el que todos y todas podamos ser tratados por igual”, manifestó.

Gutiérrez Flores subrayó que, indistintamente de la opinión de la Iglesia, compete al Estado defender su independencia y garantizar los mismos derechos para todos los mexicanos “y si a la Iglesia le gusta o no le gusta, ese problema de la Iglesia”.

Finalmente, hizo un llamado a los servidores públicos a garantizar el respeto al Estado laico, indistintamente de la fe que profesen de manera personal, “que no le den oídos a la Iglesia, que respeten la laicidad el Estado y hagan el trabajo por el cual están cobrando cada quincena”.