Parte de los Afectados por el Caso de la Pollinaza Envenenada
Por Alfonso Morales Castorena
El siniestro cubierto por el seguro ganadero para resarcir a los productores pecuarios con criaderos de reses el patrimonio perdido por el envenenamiento masivo de sus animales con pollinaza contaminada, no superó los cinco millones de pesos y sólo se indemnizó a 38 de los 80 afectados, a 10 más se les prometió apoyos gubernamentales estatales y municipales, sin que hasta la fecha las gestiones para el efecto hayan fructificado, informó el presidente de la Asociación Ganadera Local, Juan de Jesús Valdivia Hernández.
Agregó que se privilegió la atención a los 38 ganaderos beneficiados con la indemnización que reclamaban al comprobar su militancia activa en el Sistema Nacional de Identificación Individual Ganadera (SINIIGA) y en la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y que se ajustaron a la requisitación de la documentación comprobatoria del siniestro que les hizo perder la casi totalidad de su patrimonio laboral y familiar.
En tanto que a los 10 restantes, que no forman parte de las agrupaciones de referencia, se les asesoró para que integraran sus expedientes con todos los requisitos exigidos por las autoridades ganaderas, con el objeto de tramitar los apoyos necesarios ante las dependencias del ramo, estatales y municipales, a fin de que puedan repoblar sus pequeños hatos y reanuden sus actividades como pequeños productores pecuarios, que tal era su labor al sufrir la muerte de sus animales.
El dirigente ganadero refirió que se formó una lista adicional con el resto de los afectados, en número de 32, para instruirlos en la conformación de su historial como productores pecuarios en pequeña escala, en virtud de que al solicitar la indemnización del caso, no pudieron acreditar el daño sufrido por el envenenamiento de sus animales por carecer de documento probatorio alguno y por lo tanto no tendrían acceso a los beneficios que les otorgaba el seguro del ramo.
Para ejemplificar sus palabras, citó el caso del productor ganadero en pequeña escala, Vicente Jiménez Martínez, residente del rancho El Huarache, quién perdió la casi totalidad de sus animales, 17 en total, entre vacas de engorda, vientres y al menos un semental, quien carecía hasta del fierro de identificación vacuna y por lo tanto era necesario que se recurriera a otro tipo de elemento probatorio de la legítima tenencia de sus reses para integrarlo al padrón de afectados y pudiera ser sujeto a la indemnización que reclamaba.
Mientras que la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae), se hizo cargo de atender a otro núcleo de afectados a quienes incluso ya liquidó parte del capital de trabajo perdido por el envenenamiento masivo de sus reses, en cuya fase de indemnización se aplicaron ocho millones de pesos, según su titular, J. Pilar Moreno.
En tanto que aún se tiene pendiente la acción legal a emprender en contra del productor de la excreta avícola, propietario de la granja El Becerro ubicada en la comunidad de Cañada Honda, Jorge Gutiérrez y del vendedor, el exdiputado federal panista, Raudel López López, a quienes de acuerdo a la última asamblea ganadera, se les requerirá el pago de la reparación del daño, ya sea en especie o en efectivo, o de lo contrario se exigirá el ejercicio de la acción penal en su contra, añadió.
Valdivia Hernández terminó diciendo que se aprovechará esta eventual circunstancia para solicitar a las autoridades federales, estatales y municipales, se destinen programas eficientes de trabajo para el sector agropecuario, subsidios adicionales para los ganaderos, que se apoye a los hombres de campo que por su ignorancia carecen de las escrituras de sus tierras y que se les otorguen las mayores facilidades posibles para que esos recursos los consigan todos ellos, sin tantos requisitos.
Aparte de que de ser posible se les apoye económicamente para ampliar las actividades de la forrajera y el capital necesario para estar en condiciones de adquirir la materia prima para el ganado, sin intermediarios o “coyotes” que lo único que hacen es encarecer el producto y que además se gestionará ante las autoridades estatales la dotación de maquinaria pesada para fabricar bordos y contenedores artificiales de agua de lluvia, reparar caminos de terracería y las veredas conocidas como “saca cosechas” y que toda esa inversión represente una importante derrama económica para la cabecera municipal, concluyó.