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Aguascalentense Sentenciada por Homicidio en EU

Por Sara Álvarez Fernández

Armando Romero Rosales, delegado de la Secretaría de Gobernación

Armando Romero Rosales, delegado de la Secretaría de Gobernación

Piden hacer presión en el caso de la aguascalentense Norma Patricia Esparza, sentenciada a prisión en una cárcel de Estados Unidos por matar a su violador.

Armando Romero Rosales, delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Aguascalientes, subrayó que se deben buscar alternativas para apoyar a esta investigadora mexicana que pasará cinco años y seis meses en una cárcel, como se dio a conocer en Pagina 24.

“El Gobierno debe ser respetuoso, pero al mismo tiempo hacer la lucha, ejercer presión para que la liberen y sea repatriada; es imposible no tener el sentimiento de compatriota, de apoyarla porque es de aquí, pero siempre respetando las leyes”.

El funcionario subrayó que tanto la Segob como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) son respetuosas de las leyes de cada país, más ahora que ya recibió una sentencia; “el Gobierno de Mexico podría intervenir con una carta rogatoria hacia quienes implementan la justicia en ese país para que vean el caso con otros ojos”.

La sentenciada nació en 1974 en el Taray, Aguascalientes, pero vivió en Estados Unidos desde niña.

Cuando estudiaba la universidad fue abusada por un hombre llamado Gonzalo Ramírez y su exnovio lo mató a golpes; hecho que no denunció, argumentando que la amenazaron de muerte si delataba el asesinato.

La SRE advierte que las representaciones de México en otros países no pueden lograr la liberación de un mexicano detenido por algún delito o infracción, ni obtener para él un trato mejor al que se da a los ciudadanos del país.

Tampoco responsabilizarse por el pago de deudas contraídas por un ciudadano mexicano, tales como cuentas de hotel y restaurantes o costos de pasajes aéreos o tarifas por uso de aeropuertos en tránsito.

Ni responsabilizarse por el pago del costo de medicinas o servicios hospitalarios de un ciudadano mexicano ni regularizar ante las autoridades locales la situación migratoria de un ciudadano mexicano.