“Si un Menor Muere, Serán Juzgados por Homicidio”
Por Sara Álvarez Fernández
Marisela Delgado Hernández, coordinadora de la Campaña Nacional de Prevención y Atención de la Violencia Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes
No hacer nada también es un delito tratándose de menores de edad que están siendo violentados; “no es válido argumentar que es algo que pasa dentro de la familia, que no nos podemos meter, porque los funcionarios omisos están cometiendo un delito al no denunciar”; refirió Marisela Delgado Hernández, coordinadora de la Campaña Nacional de Prevención y Atención de la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La especialista está en Aguascalientes para impartir un taller de Prevención y Atención de la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes a maestros, policías, personal de salud, trabajadores de dependencias federales, estatales, municipales y todos aquellos funcionarios que tienen contacto con menores de edad, así como asociaciones civiles involucradas en el tema.
Refirió que por desgracia es en la familia donde más se cometen violaciones a los derechos humanos de los menores de edad, sobre todo cuando se les niega a convivir con sus padres o cuando alguno no contribuye con sus gastos de manutención y se usa como chantaje.
“Los trabajadores del Estado también están obligados a denunciar este tipo de situaciones y fomentar cultura de la denuncia entre sus colegas, ya no es válido decir ‘no puedo decir algo porque me regaña mi jefe o mi reglamento no me lo permite’, porque si le paso algo a ese niño y usted lo sabía y se demuestra, va a ser sancionado por el delito que se haya ocasionado por haber hecho omisión, es decir, si el niño se muere, va a ser sancionado por el delito de homicidio”.
Agregó que la protección integral ya no se puede limitar al aspecto físico, si no que se basa en los principios de igualdad, no discriminación, interés superior del niño y solidaridad; además considera a los niños sujetos de derechos independientes y autónomos que en caso de no tener la capacidad de ejercer, sean representados por terceras personas, incluyendo trabajadores del servicio público.