Clío al Desnudo

La Historia Corre Riesgo, ¿por qué la Ley General de Archivos es un Peligro?

Por Luis Arturo Sosa Barrón *

“[…] el trabajo del historiador debe servir fundamentalmente para combatir todo aquello que atenta contra el derecho que cada hombre y cada mujer tiene a su vida, a su libertad y su dignidad.”
Josep Fontana, Historia: Análisis del Pasado y Proyecto Social.

A Alejandra García de Loera, por los buenos momentos, por los aprendizajes, en espera de que el camino que ha decidido seguir le sea fructífero. Gracias, por todo.

LOS HISTORIADORES tienen la responsabilidad y función social de resguardar la memoria histórica de la sociedad, para lo cual recurren al análisis crítico de una serie de fuentes, (1) a su vez que utiliza enfoques teóricos y metodológicos, lo cual le permite generar un discurso histórico sustentado precisamente en ese ejercicio de análisis, que como función tiene la de responder preguntas realizadas desde su presente buscando una posible respuesta en el pasado, lo que le permitirá entender su actualidad. (2)

COMO PODRÁ apreciar el lector, este ejercicio de análisis es esencial en el proceder del historiador, puesto que sin el mismo, no tiene herramientas óptimas para preservar la memoria histórica, y a su vez, sí el profesional de Clío se viese impedido de recurrir a alguna de estas herramientas, tampoco podría llevar a cabo su trabajo, que por ejemplo, en caso de no tener una fuente a consultar, podría caer en hacer un análisis basado sólo en aseveraciones sin la posibilidad de comprobarse.

SIGUIENDO CON el ejemplo sobre el faltante de fuentes de consulta, podrían formularse las siguientes preguntas: ¿Es posible que suceda el hecho de que un historiador no tenga fuentes disponibles para la consulta? ¿En caso de existir este tipo de situaciones, qué las genera? Para responder a la primera pregunta puede decirse que efectivamente se dan estas situaciones, que a su vez respondiendo a la segunda cuestión, hay diferentes factores que responden a diversos contextos que los generan, como la quema de archivos durante conflictos bélicos, lo cual es entendible debido al devenir mismo de la Historia.

La oscuridad se cierne sobre el Archivo General de la Nación y los repositorios documentales de México (Foto: Archivo/Misael Valtierra/Cuartoscuro)

La oscuridad se cierne sobre el Archivo General de la Nación y los repositorios documentales de México (Foto: Archivo/Misael Valtierra/Cuartoscuro)

LO QUE no debe considerarse admisible es la restricción a dichos archivos, ya sea de forma parcial o total, pues hay que entender que además de ser una fuente de consulta para el historiador y otros científicos sociales, es el baluarte de la memoria de la sociedad. Y precisamente esto es lo que está pasando actualmente en España y México, en dónde el caso de España se reduce a algunos fondos relacionados con la Guerra Civil Española, precisamente porque la posibilidad de analizar ese momento histórico puede generar conflictos con el discurso ejercido por el Estado español. (3)

MIENTRAS QUE aquí en México, el problema tiene origen en dos momentos, el primero en la restricción de consulta al acervo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) resguardado y abierto al público desde 2001 por iniciativa del gobierno de Vicente Fox Quesada, presionado por el creciente número de asociaciones civiles que buscan familiares desaparecidos durante el periodo denominado la Guerra Sucia; en un principio se argumentó que el acervo estaría disponible solamente para personas relacionadas con personas investigadas por la agencia gubernamental, pero desde 2014 argumentando con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales (4) se restringió aún más el acceso a dicho acervo, lo que a la postre significaría el cierre casi total a partir de febrero de 2015. (5)

TOMANDO EN cuenta el hecho de que a raíz de que se llevó a cabo la restricción del acervo antes mencionado, surgió la inquietud de generar reformas para proteger aún más los datos personales, lo que daría pie a la iniciativa de Ley General de Archivos, (6) presentada el 17 de noviembre pasado por senadores del PRI-PAN-PRD, lo que sucede actualmente, pues al momento de redactar estas líneas se está llevando a cabo la discusión sobre dicha iniciativa, lo que se consideraría como el segundo momento mencionado sobre la problemática en el acceso a los archivos en México.

Y COINCIDIENDO con Daniela Gleizer: “El problema es que, una vez cumplidos los requisitos de comenzar expresando lo políticamente correcto, la ley se lanza en picada a garantizar que ninguno de estos objetivos sea realmente alcanzable, empezando por el que me parece el más grave de todos: el Archivo General de la Nación queda en la ley como un organismo ‘sectorizado a la Secretaría de Gobernación’; el Consejo Nacional de Archivos (de carácter eminentemente político) será presidido por el propio secretario de Gobernación, y el presidente de la república tendrá la facultad de nombrar al director del AGN. Es decir, el acceso a la información contenida en los archivos públicos queda en manos de la secretaría que, preocupada por la seguridad nacional, mayores intereses tendría en no hacer pública dicha información”. (7)

SE PUEDE apreciar que el acceso a la información va a estar restringido dependiendo de los intereses del Estado mexicano, y como consecuencia afectar el desempeño del historiador en su deber de proteger la memoria histórica, puesto que al estar sesgada la información disponible para consulta, sólo se podrá acceder a un discurso histórico meramente oficialista que no trastoque los intereses del aparato estatal. (8)

¿POR QUÉ la Ley General de Archivos es un peligro? Tomando en cuenta lo expuesto arriba, al tener restringido el acceso a la información, el historiador no puede ejercer su función social de forma correcta, por lo que la memoria de nuestra sociedad sólo podrá ser entendida desde el discurso oficialista, o bien, recurriendo a fuentes de acervos de otros países. (9) Si el historiador no puede preservar la memoria, el discurso que se impondrá a través de la omisión o el olvido generado al imponer un discurso histórico ad hoc a los intereses de la clase política y económica mexicanas, lo que significará un retroceso político y social de más de 200 años para el país.

ANTE TAL panorama se formula la siguiente pregunta: ¿Qué están haciendo los especialistas (archivistas e historiadores)? Bien, pues el pasado 29 de Noviembre el Comité Mexicano de Ciencias Históricas y un grupo de investigadores a través de un desplegado de prensa expresaron el peligro que representa la iniciativa de ley presentado el 17 de noviembre pasado; (10) el mismo 29 miembros de la Red Por la Rendición de Cuentas en conjunto con historiadores de la talla de Enrique Florescano y otros expertos presentaron un posicionamiento sobre la iniciativa ya mencionada, en dónde también advertían los peligros de la misma. (11) A su vez se generó en el portal change.org una petición para que se revise la iniciativa de ley. (12)

HAY QUE levantar la voz, pues no sólo está en riesgo la disciplina histórica cómo otras tantas que hacen uso del acervo documental, está en peligro nuestra identidad como sociedad y como individuos. (13)

Notas

1. Una fuente es la “evidencia” o “huella del pasado” que le va a servir al historiador como marco de análisis para probar o desmentir una hipótesis; entre los principales tipos de fuentes, o dicho de otra forma, tradicionales, están las documentales y las bibliográficas, y ahora con el auge de la era tecnológica actual, el Internet se ha vuelto otra de las fuentes utilizadas.

2. En dos entregas anteriores amplío este tema en La Función de la Historia (I y II), el 21 de abril y 19 de mayo de 2015, http://pagina24zacatecas.com.mx/columnas/2015/04/21/clio-al-desnudo/ y http://pagina24.com.mx/columnas/2015/05/19/clio-al-desnudo-7/

3. Para introducirse a la problemática del caso español, ver el artículo de David Jorge y Carlos Sanz Días “La polémica del acceso a los archivos. El conocimiento histórico y el futuro del pasado”, en El Contexto lo es todo, 16 de julio de 2016 http://ctxt.es/es/20160713/Politica/7217/guerra-civil-archivos-franquismo-investigacion-seuestro.htm Los autores exponen cómo en España desde 2010 se ha vedado el acceso a ciertos expedientes documentales relacionados con el franquismo, lo que significa no sólo una dificultad para la reconstrucción objetiva del pasado, sino que es un veto a los derechos de la gente de tener acceso a material necesario para la reconstrucción crítica de un pasado colectivo.

4. Cuerpo normativo aprobado por el Congreso de la Unión el 27 de abril de 2010 y que entró en vigor a partir del 6 de julio del año mencionado, ver http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010

5. Para mayor información del caso, María Magdalena Pérez Alfaro, “Archivo, Censura, Memoria”, en Historia 2.0, 16 de abril de 2015. https://elpresentedelpasado.com/2015/04/16/archivo-censura-memoria/ La autora aborda el proceso de apertura y clausura del acervo documental de la Dirección Federal de Seguridad, resaltando la influencia del CISEN.

6. La iniciativa presentada al Congreso de la Unión por senadores de la LXII Legislatura en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-1/assets/documentos/INI_LGA_Final%20presentada_al_Pleno_15-11-2016.pdf

7. Gleizer, Daniela, “Politización de la Memoria”, en El Presente del Pasado 2.0, 24 de noviembre de 2016. https://elpresentedelpasado.com/2016/11/24/politizacion-de-la-memoria/

8. Alfredo Ávila ya había mencionado este problema en Nexos, 20 de octubre de 2016 http://redaccion.nexos.com.mx/?p=7865&cpage=1-, en dónde con el ejemplo de la quema de códices tras el proceso de conquista en el siglo XVI, se impuso un discurso histórico acorde a los intereses de los conquistadores, así como con el caso de Tlacaélel, quien quemaría los códices de los pueblos conquistados por los mexicas para imponer su visión del mundo. Ávila si bien hablaba sobre la necesidad de presentar una iniciativa para reformar la Ley Federal de Archivos de 2012, el caso de la iniciativa del pasado 17 de noviembre demuestra que no se está teniendo asesoría de especialistas en historia y archivística.

9. Iván Escamilla González, en “El proyecto de la Ley General de Archivos: riesgo de amnesia para toda la nación”, en Nexos, el 18 de noviembre de 2016, advierte sobre los peligros de esta ley, http://redaccion.nexos.com.mx/?p=7912

10. Véase la nota de Proceso del pasado 29 de noviembre de 2016 http://www.proceso.com.mx/463797/rechazan-investigadores-la-iniciativa-ley-general-archivos; a su vez académicos del CIDE presentaron su inconformidad sobre dicha iniciativa de ley durante las audiencias públicas para discutir dicha ley, véase la nota del mismo día en El Universal http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/11/29/ven-riesgos-en-la-ley-general-de-archivos

11. Véase http://rendiciondecuentas.org.mx/posicionamiento-de-oscs-sobre-iniciativa-de-ley-general-de-archivos/ y el posicionamiento en: http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2016/11/ffffPosicionamientoruedadeprensaRRCLeydeArchivos-1.pdf

12. Sí desea revisar la petición y firmarla, lo puede hacer a través del siguiente enlace: https://www.change.org/p/senado-de-la-rep%C3%BAblica-exigimos-la-revisi%C3%B3n-de-la-ley-general-de-archivos

13. El lector puede ponerse al día de lo sucedido con respecto a esta iniciativa de ley a través del siguiente espacio generado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas http://cmch.colmex.mx/ley-general

* Historiador, soñador empedernido, amante de la lectura, las charlas amenas y de los buenos tarros de cerveza. Entre sus líneas temáticas de interés se encuentran: La Historia Social, Cultural, la Historiografía y la Teoría de la Historia.

Publicado en: Página 24

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